LA GUERRA SUCIA EN MÉXICO, AHORA COMO ANTES.
"En Guerrero, el ejército torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estranguló” a pueblos enteros para doblegarlos y conseguir su colaboración. Y de todo ello, el ex presidente Luis Echeverría estuvo al tanto. Esta es parte de una historia del país que hasta hoy no había sido reconocida oficialmente."-afirma Jacinto Rodríguez Munguía, basándose en el Informe sobre la guerra sucia FEMOSPP.
Hoy, la guerra sucia continúa, con las mismas tácticas y la misma estrategia: se trata de que ningún ciudadano se sienta a salvo, tenga la edad que tenga, haga lo haga, sea "culpable" de luchar por los derechos básicos de sus conciudadanos o no lo sea, y las torturas, la caza del hombre, el hostigamiento a las comunidades, las violaciones tumultuarias por parte de soldados del Glorioso Ejercito mexicano no son hechos aislados, sino que forman parte de un plan que busca dar ejemplo de lo que les espera a los insurgentes, minar su moral, y provocar el terror ciego en la población.
Es la labor de esos valientes soldados del Glorioso Ejercito Mexicano que violaron, fracturaron el craneo y provocaron lesiones mortales a Ernestina, una indígena nahua de 73 años que vivía en apenas un cobertizo en la Sierra de Zoncolica, en el poblado de Tatlalzingo, igual que las trece mujeres en Cohuila, que fueron violadas en el poblado de Castaños por un piquete de soldados, y en el que el juez, en vez de recabar las pruebas forenses y los testimonios de las víctimas y de los testigos para juzgar, acusa al obispado por haber animado a denunciar a las víctimas, y olvida quienes son los acusados de la salvajada, los valientes soldados del Glorioso Ejercito mexicano, a los que se les ha aumentado el sueldo, se les ha asegurado la impunidad desde hace décadas, los mismos que huyen de los narcos o les aseguran su colaboración, y sólo encuentran su valentía para violar, torturar y asesinar a "insurgentes" y "subversivos" como Ernestina, de 73 años, la última de una impresionante lista de mártires.
En México, la guerra sucia, las torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos de los años 60 y 70, de los que habla el informe FEMOSPP continúan, mientras la mayor parte de los intelectuales, cachorros de la burguesía, dedican su atención a la lírica, a recabar favores, reconocimiento, y tienen pequeños espasmos de interés por las grandes cuestiones de la vida nacional, como, por ejemplo, la pérdida de influencia de los Republicanos en el Congreso de los EE.UU, o las nuevas teorías sobre el periodismo ciudadano y los blogs, como signos semióticos .
Para ellos, reivindicar los derechos humanos y la justicia más elemental es cosa de mugrosos. Y este informe les parece de tan mal gusto que ni lo van a mencionar en sus exquisitas deposiciones más que prescindibles.
LA MASACRE DESCONOCIDA EN GUERRERO. DEL INFORME FEMOSPP.
Publicado en Revista Eme Equis
Como no había ocurrido nunca antes, la versión no censurada del informe del gobierno federal sobre lo que pasó durante los años de la Guerra Sucia en Guerrero detalla las “armas” del ejército mexicano en su lucha contra la guerrilla: torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estranguló” a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración. En síntesis, hubo un “plan de genocidio de Estado”.
Producto del trabajo de más de 20 investigadores adscritos a la fiscalía para investigar los crímenes del pasado de la PGR, el reporte consigna con toda claridad: los hechos descritos en el mismo no fueron casuales ni producto de iniciativas individuales. La estrategia fue conocida y autorizada por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y el secretario de Defensa de esa época, Hermenegildo Cuenca Díaz.
Las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la población descritos en el reporte son tan crudos que éste ha sido sometido a un proceso de “limpieza” por parte del fiscal Ignacio Carrillo Prieto para hacerlo presentable ante el presidente Vicente Fox.
El informe, que en la versión aún no sometida a las “correcciones oficiales” consta de 840 páginas, divididas en 12 capítulos, da cuenta de cómo el general Cuenca Díaz armó desde los primeros días del gobierno de Echeverría todos los planes de contrainsurgencia, operativos, controles, cercos a la población —como el Plan de Operaciones de Contrainsurgencia o las operaciones Telaraña, Amistad, Luciérnaga—, con el propósito final de lograr el exterminio de lo que siempre llamaron “subversivos”.
Los miles de radiogramas militares, cartas y memorandos a los que tuvieron acceso los investigadores de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp) muestran las rutas que siguieron los detenidos en ese estado de la República: Base Militar Pie de la Cuesta, Campo Militar Número 1, cárceles clandestinas, desaparición o el mar como destino último.
(...)
“Con esta operación se instauró una política de Estado en que todas las autoridades conexas con el ejército –presidente de la república, secretarios de Estado, Estado Mayor de la Defensa, comandantes de las dos regiones militares de Guerrero, oficiales a su mando y tropa– participan en las violaciones a los derechos humanos con la justificación de perseguir a un maleante prófugo. Una estrategia abiertamente contraguerrillera no podía generarse sin el consentimiento y aprobación explícita del presidente de la república, sobre todo porque aquélla aplicó un plan de genocidio que puntualmente se siguió durante todo su mandato”.
(...)
Elaborado desde 2004 por especialistas hasta hace unas semanas adscritos a la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía, cuyo titular era el doctor José Sotelo Marbán, el informe revela que las fuerzas militares y policiacas se convirtieron en artesanos consumados de la tortura.
Lea usted el catálogo de prácticas de tormento recogido en esas páginas: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testículos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos”.
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Son palabras oficiales. Y los siguientes son los hallazgos que documentan esta parte, en gran medida desconocida, de la historia reciente de México.
Eran los años setenta y la ofensiva militar contra la guerrilla no conocía límites. Las detenciones fueron apenas la primera fase de un destino incierto para cientos de habitantes de la montaña guerrerense. Vendrían entonces los días de torturas y tormentos, las últimas huellas de los desaparecidos.
Dice el informe:
“El ejército mexicano siguió ciertos patrones de detención que nos permiten explorar lo que sucedió con los detenidos desaparecidos:
“1. La gente era concentrada en un lugar público del poblado. La cancha, la escuela, la iglesia o algún lugar céntrico en el que se suele reunir la gente del lugar.
“2. Los soldados entraban a los domicilios sin ninguna orden de cateo para cerciorarse de que no había gente que no estuviera en el lugar de concentración.
“3. Algún oficial del ejército pasaba lista. Muchas veces traían a ese lugar a algún ‘soplón’ o ‘madrina’ que le indicaba al oficial a quiénes detener. En otras ocasiones, el oficial traía una lista previa y preguntaba por la gente que estaba anotada.
“4. La gente detenida podía tener tres destinos inmediatos: (a) ser recluida en algún lugar donde era atormentada mientras era transportada fuera del lugar, (b) ser utilizada como guía para cualquier requerimiento que el ejército les forzaba a realizar, (c) ser transportada al cuartel militar por vehículo terrestre o por helicóptero”.
En cierto momento cambió el modus operandi de las detenciones en Guerrero: “Tras la detención ilegal de cientos de personas, la policía y el ejército ya no entregarían los detenidos a la autoridad, sino que los enviarían a cárceles militares o, provisionalmente, cárceles clandestinas para después ser enviados a las cárceles militares”.
Las cárceles militares de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y la del Campo Militar Número 1, en la ciudad de México, serían una de las rutas de cientos de detenidos, torturados y, para muchos otros, la última estación previa a convertirse sólo en una palabra: desaparecido.
I. Artesanos de la tortura
Los relatos que incluye el informe pasan por todos los espacios del miedo y el dolor. Los espacios más oscuros del ser humano puestos al servicio de un solo objetivo: conseguir información, uno de los fines elementales de la tortura.
La lista de métodos parece no tener fin: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testículos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos. Se tiene registro de mil seisceintos cincuenta casos de gente que fue detenida y torturada en cárceles y campos de concentración; otras fueron torturadas en su domicilio o en los puntos de revisión”.
Había un elemento adicional: el sadismo, con prácticas “como quemarles los pies, colgarlos en los árboles como forma de ‘ablandamiento’. La misma incertidumbre de ser llevados al campo de concentración, a ser tirados al mar —como los soldados lo anunciaban como amedrentamiento o presagio de lo que con muchos hacían”.
“Muchos de los crímenes de guerra que aquí se documentan —trátese de campos de concentración, de cerco militar, de aldea vietnamita, de sometimiento por hambre—, tienen como ingrediente central la tortura”.
Más allá de la tortura que, implícitamente, significó para los niños la ruptura de la familia, de la presencia militar en sus comunidades, de despertar y dormir con miedo, el informe recoge testimonios de cómo, para ‘ablandar’ a los adultos, se utilizó la tortura sicológica contra sus hijos.
“A mí no me metieron al tanque de agua pero sí me dieron toques eléctricos e intento de violación. Luego me sacaron en la madrugada, me dejaron cerca de donde había vivido, pero para eso me habían quitado al niño, amenazándome que nos iban a matar y que iban a matar al niño si no les contestábamos lo que ellos querían, martirizaban así a su papá, y luego de quitármelo ya no supe donde lo tenían hasta que cuando salí yo les exigía que me devolvieran al niño, y me decían que a mi hijo ya lo habían matado, que iba salir yo pero mi hijo no... cuando nos agarraron le ponían la pistola al niño en la cabeza y amenazaban a mi esposo con matar a nuestro niño, quien lloraba de miedo, se jaloneaba y lo agarraban más fuerte, yo les decía que no le hicieran daño y me decían ‘cállese vieja’, quien sabe qué, eso fue muy mal para el niño, cada vez que recordaba eso, lloraba, y decía que así como lo iban a matar a él tal vez matarían a su papá, esas fueron cosas que se le quedaron grabadas”.
La Operación Luciérnaga sería resultado de una nueva modalidad de contrainsurgencia militar: la captura de los llamados “paquetes”, término para reportar las detenciones ilegales prolongadas, con interrogatorios y torturas, y de lo cual el secretario de la Defensa estuvo siempre enterado.
“La recepción de los radiogramas enviados por la zona militar era contestada por el Estado Mayor. Los telegramas enviados por el secretario, constan que él, personalmente, ordenaba detener e interrogar a los sospechosos, así como informarle sobre los resultados”. Los reportes militares tenían más o menos esta estructura: “Captura de un paquete grupo Lucio integrante guardia senador Figueroa a quien se interroga…”
Se referían al ex gobernador Rubén Figueroa, que había sido secuestrado por Lucio Cabañas en junio de 1974. Precisamente el secuestro de Figueroa sería otro detonante. El informe subraya que con este caso el ejército intensificaría sus ataques en tres niveles.
1) La búsqueda del control absoluto de la región con vistas a liberar a Figueroa;
2) La destrucción del movimiento armado, persiguiendo militarmente a Lucio y, a la vez, utilizando todos los medios de destrucción contra las comunidades campesinas y
3) La aniquilación de todo resabio de guerrilla.
A un mes del secuestro se elaboró un “documento crucial para el desarrollo subsecuente de las operaciones” militares. El documento, enviado por el jefe del Estado Mayor, general Alberto Sánchez López, al secretario Cuenca Díaz, se titulaba Análisis y evaluación de la situación actual, político-militar en relación con el secuestro del senador Rubén Figueroa, por la gavilla guerrillera de Lucio Cabañas.
En este documento el ejército reconoce, de manera explícita, que estaba frente a una guerrilla que contaba con el apoyo del pueblo y, por tanto, debía “actuar empleando los conocimientos de todo el personal militar que ha salido al extranjero para recibir diversos cursos de adiestramiento que tienen relación con la contraguerrilla… (que) si por conveniencia se ha dado el nombre de maleantes y gavilleros para no deteriorar la imagen de México en el exterior…(que) en la población rural hay cierta forma de pensar, en forma de odio o temor contra las acciones de la tropa”.
II. Los vuelos de la muerte
“Nos amenazaban que íbamos a ir a darles banquetes a los tiburones… Y a mis hijos nunca jamás los he vuelto a ver y a Pablo Rosas tampoco”. Más de 30 años después, indelebles siguen los recuerdos para Maximiliano Nava, los de aquella tarde o noche, la hora en que fueron arrancados para siempre sus familiares y amigos de sus comunidades para convertirse en una palabra invisible: desaparecidos.
Los llamados “vuelos de la muerte” fueron algo más que un mero mecanismo de terror sicológico. En el informe se dice que existen denuncias de que a partir de agosto de 1975 comenzaron a realizarse bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y el mayor Arturo Acosta Chaparro. Entre el 8 de junio de 1976 y el 7 de enero de 1979 se habrían realizado los últimos siete vuelos para arrojar los cuerpos de los detenidos al océano Pacífico.
Acosta Chaparro, aparte de la organización regular de la policía que manejaba, formó cuatro grupos que tenía a su mando directo: el grupo Chihuahua a cargo de Tarín (Gustavo), el grupo Espindosky, a cargo de José Espindosky, el grupo Chumacero a cargo de Rodolfo Chumacero, y el grupo Caballo, a cargo de Ángel Rodríguez Criollo.
A pesar de que dependía de Carlos Ulises Acosta Víquez, rendía cuentas directamente al gobernador Figueroa y se coordinaba directamente con las dos zonas militares, la 27 y la 35. Cuando Rubén Figueroa asumió la gubernatura, en abril del 1975, nombró a Acosta Chaparro delegado de Tránsito, luego director de la Policía de Acapulco y, posteriormente, jefe de todas las corporaciones policiacas del estado.
III. Los cadáveres y el Grupo Sangre
Esta otra realidad, ajena a gran parte de la sociedad, no lo era para los aparatos de inteligencia. La información que en junio de 1974 elaboró Luis de la Barreda, entonces director Federal de Seguridad, confirma la espiral de violencia contra los pobladores, sospechosos comunes para el poder político.
La nota tiene como identificación “Grupo Sangre”. Según la tarjeta confidencial, “tanto en el Puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas. Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras.
“[...] En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajan de la sierra para abastecerse de víveres y otros objetos necesarios para ellos, o bien que sirven de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.
“Que las detenciones se ejecutan por órdenes expresas del comandante de la 27 Zona Militar, con sede en Acapulco, general de división DEM Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente, les da a tomar gasolina y les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego. Entre el campesinado existe contrariedad por la presencia del teniente coronel de infantería DEM Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del 20 Batallón de la Policía Militar, a quien ya conocen y culpan de las ejecuciones”.
IV. Las cárceles militares y clandestinas
En las cárceles militares quedaron muchas historias de tortura. A partir de radiogramas y testimonios de quienes pasaron horas, días, meses, en la Base Militar Pie de Cuesta, el informe da cuenta de ellas.
Un caso: Arturo Gallegos Nájera fue detenido el 20 de noviembre de 1974 y trasladado a una casa clandestina de seguridad donde se le interrogó. Posteriormente fue llevado a la base aérea de Pie de la Cuesta, donde vivió lo siguiente: “Tuve la oportunidad de ver a varias personas que están aún en calidad de desaparecidas. El tipo de torturas eran cortas. En la boca del estómago, a puño cerrado. Aplicar corriente eléctrica a las partes nobles. También fue aplicada la tortura sicológica ‘Tenemos a tu familia. A tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos y a tus hermanos, y los vamos a matar de uno por uno si no cantas”.
En el informe se apunta que allí (Pie de la Cuesta) se ubicaba a quienes eran detenidos en Acapulco, Chilpancingo, Costa Chica u otros estados de la República. “También pasaba por allí gente detenida en el campo de concentración de Atoyac. Otros detenidos eran regresados a la zona militar que los había remitido o eran liberados. Muchos otros fueron asesinados. Algunos en sesiones de tortura, otros enviados en los ‘vuelos de la muerte’ que se han denunciado… o remitidos al Campo Militar Número Uno de México”.
Un documento da la razón. 12 de mayo de 1971. En él se informa que en el transcurso de esa noche, por instrucciones del secretario de la Defensa Nacional, 13 detenidos en la base aérea militar Pie de la Cuesta serían trasladados hacia la ciudad de México, al Campo Militar Número 1 (CM1).
Resume el informe: “Esta forma de operar, de entregar los civiles detenidos al ejército, se convirtió en norma. Cuando Rubén Figueroa nombró a Acosta Chaparro jefe de la policía, éste entregaba al ejército a todos los detenidos que consideraba tenían alguna vinculación con la guerrilla, en lugar de entregarlos a la autoridad civil”.
La 27 Zona Militar, ubicada en Atoyac, sería habilitada, a partir de 1972, como campo de concentración. “Todos los detenidos que eran llevados allí eran torturados, a muchos los subieron en helicóptero para no regresar jamás o fueron llevados a Pie de la Cuesta o bien al CM1”.
En el caso de los detenidos en Guerrero, de acuerdo con los resultados de la investigación de la fiscalía de la PGR, el patrón de comportamiento cuando eran conducidos al CM1 era el siguiente: en el lugar había varias galeras y durante su permanencia estaban en una sola o los cambiaban, en grupo, de galera. La tortura también la hacían fuera de las galeras. La supervisión a los detenidos era realizada por militares.
Una vez que eran enviados al CM1 podían tener los siguientes destinos:
a) Morir en los interrogatorios y su cuerpo ser desechado.
b) Ser trasladado a algún lugar de ejecución y su cuerpo ser desechado.
c) Ser liberado.
d) No existe conocimiento de que haya todavía gente detenida.
La versión de los detenidos agrega detalles de los métodos de operación. El avión que trasladaba a los detenidos en Pie de Cuesta tenía camas empotradas y allí los acostaban con los pies hacia adelante. Iban dos guardias con sus armas largas vigilándolos. Cuando llegaban a México les apretaban las vendas y los sacaban cargando del avión. Los encerraban en cuartos separados. Las celdas medían unos dos metros. El lugar donde los torturaban era una casita que también utilizaban los generales o coroneles para recibir visitas.
Conforme a un testigo protegido que cita el informe, “Quiroz Hermosillo tenía dos camionetas en que periódicamente se llevaban a seis a ocho personas en cada viaje y los desaparecían. Era el propio Quiroz Hermosillo quien dirigía estas acciones, así como una persona a su mando que se llevaban a las gentes en unas camionetas que después reconoció en Chilpancingo en la casa de gobierno de Rubén Figueroa. Estas camionetas —una de color blanca y otra rosita de castilla— […] tenían pintadas en la puerta a un luchador, una persona atlética, grande, con short. Al abrirse por atrás tenían doble compartimiento. Lo primero que se veía era un botiquín como de ambulancia y al abrirse éste estaba otro compartimiento en el que sacaban a la gente del CM1. Se supone que los sacaron para matarlos [...]”.
Según el informe, por la cárcel del CM1 pasaron más de 46 años los disidentes que el Estado mexicano quiso mantener secuestrados de manera ilegal. “Allí fueron detenidos los estudiantes que acudieron a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Allí fueron a dar cientos de detenidos en la Guerra Sucia de Guerrero. Tenemos el número incompleto de más de 200 personas remitidas de Guerrero de manera ilegal y por lo menos 65 de ellas se encuentran en calidad de desaparecidas”.
V. Veinticuatro mil soldados para cazar a Lucio
Este informe, que aún no incluye las “correcciones oficiales” que se le están haciendo, pone al descubierto lo que hasta ahora se desconocía o era apenas una referencia testimonial: para contener a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y un centenar de guerrilleros en la montaña de Guerrero, el ejército desplazó a veinticuatro mil elementos y en la búsqueda de “subversivos” se cercaron, arrasaron y bombardearon comunidades completas; se impidió el tránsito humano, de alimentos y medicinas; se provocaron desplazamientos como los ocurridos en la guerra de Vietnam.
El 23 de abril de 1970, por ejemplo, el ejército mexicano habría atacado la comunidad de Piloncillos. De acuerdo con la denuncia ante el ministerio público, a las 9 de la mañana de ese día llegaron cien efectivos, entre ellos 15 vestidos de civil, y sin previo aviso entraron a varias casas sacando a sus moradores con lujo de fuerza y brutalidad, llevándose a media docena de señores a la cancha del poblado y ahí fueron masacrados. “Congregaron a cinco hombres que encontraron en la comunidad, los formaron frente a la escuela y, colocados frente a la pared, fueron acribillados frente la comunidad y luego rematados con el tiro de gracia”.
Luego de la emboscada de Lucio Cabañas a un convoy militar, donde se registraron diez muertos y 18 heridos en el ejército (25 de junio de 1972), un reporte de la DFS señala que la guerrilla había entrado de lleno a la lucha abierta, actuando como fuerza popular en contra del ejército y las fuerzas de seguridad. La respuesta inmediata sería la de sustituir los sargentos que controlaban los pueblos, por grupos de tenientes.
El 23 de agosto de ese mismo año, la guerrilla asestaba un segundo golpe al ejército en Arroyo Oscuro, ejerciendo así un control amplio sobre la zona. La respuesta fue movilizar cinco batallones de infantería (unos cinco mil efectivos) y diez mil policías para cazar a Lucio y seguidores que, según las cuentas de la misma Sedena, eran entre cien y ciento cincuenta.
En noviembre de 1972, la DFS reporta que el poblado de los Llanos de Santiago de la Unión había sido incendiado (unas 50 casas y la capilla) por soldados, obligando a la población a huir. La razón: ser sospechosos de abastecer a las fuerzas de Lucio Cabañas.
Otro bombardeo ocurriría a finales de junio de 1974 sobre el cerro de la Mojileca. Según contaron los habitantes de las comunidades Los Cajones, Corrales de Río Chiquito y de los ejidos Los Pitos, Los Pitales y Letrados, vieron cuando los aviones dejaron caer las bombas y escucharon muchas explosiones. Ese día muchas familias decidieron salir del pueblo. En el cerro El Encanto, los aviones llevaron a cabo otro raid y tiraron dos o tres bombas. Para entonces habían llegado patrullas militares y fue sobre ellas que cayeron los explosivos.
A la par de los bombardeos, una acción permanente fue el cerco contra las comunidades a las que se bloqueó el tránsito, paso de alimentos y medicinas. Operaciones que en países como Guatemala se conocieron como “quitarle al agua a los peces”, que no era otra cosa que el estrangulamiento de la población, base de apoyo de la guerrilla.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con el mismo informe, esto formaba parte del Plan de Operaciones establecido por el ejército con el conocimiento del presidente Luis Echeverría.
En La Orden de Operaciones Número Seis se aprueba “impedir el paso de víveres que puedan ser destinados al enemigo”. Se recoge un testimonio de la comunidad Corrales de Río: “Los soldados saquearon todo, se metieron a las casas, quemaron la ropa, quebraron los muebles, se llevaron los sarapes, desaparecieron el café, no dejaron nada del maíz y del frijol. Después no dejaban regresar a trabajar las huertas, por lo que se perdieron las cosechas”.
En una de las varias conclusiones que arroja el documento, se afirma que a partir de 1973 el ejército había emprendido una “política de genocidio de manera sistemática. Es el año que mayores desapariciones se producen en la historia de nuestro país y el estado de Guerrero aporta el mayor número”.
Otro de los objetivos de los retenes militares fue identificar a los afines a la guerrilla. Para eso, el ejército utilizó las llamadas “madrinas”, “gente que le habían quebrado su voluntad y estaba dispuesta a señalar a los partidarios de la guerrilla, o que los obligaban a hacerlo bajo amenazas”. El uso de “guías” o “madrinas” fue del total conocimiento del secretario de la Defensa Nacional como consta en los radiogramas.
Al final, este informe que pretendía ser la entrega última de la fiscalía al presidente de la república y a la sociedad, se volvió un documento incómodo para el mismo fiscal, entre otras cosas por las afirmaciones que ahí se hacen, como la siguiente, sobre lo que ha significado la Guerra Sucia para el poder político en México:
“Desgraciadamente, el Estado Mexicano ha recurrido periódicamente a esta práctica con el objeto de aniquilar al disidente y su poder de convocatoria en la sociedad. Esta práctica se ha asociado con otras dos que le sirven al mismo propósito: criminalizar la víctima y asegurar la impunidad del agresor. De esta manera, además de que la población es la víctima de la agresión, resulta responsabilizada de los hechos y perseguida. La impunidad que se asegura en todos estos casos, es la de los altos funcionarios del Estado que son los artífices de estos crímenes. Cuando los operarios no logran escapar de la investigación ministerial, se les suele asegurar trato preferencial, castigos cortos y beneficios de reducción de la pena”.
Han pasado más de 30 años de que la llamada guerra sucia dejara marcado, para siempre su nombre en miles de historias familiares. Han pasado más de 30 de que los hombres del poder, entonces casi invencibles, determinaran el viaje sin retorno de cientos de mexicanos. Hace unos días se cumplieron 30 años de la última vez que vieron con vida a Aurora de la Paz Navarro antes de ser detenida por Humberto Quiroz Hermosillo, y recluida en el Campo Militar Nùmero 1.
Hasta ahí la vieron con su vientre abultado llevando su hijo en las entrañas. De ahí saldría la última versión, por ahí de febrero de 1976, de que la vieron viva, de que el hijo había nacido en cautiverio, y la historia se corta de tajo. Ella nunca regresaría y el hijo, tampoco.
La existencia resumida en números. Son desaparecidos.
