APARATOS DE SEGURIDAD Y DELINCUENCIA.
MORELIA
Autor: Arturo Herrera Cornejo
Publicado en Cambio de Michoacán 4 de Enero de 2007
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, sostiene que las grandes redes del narcotráfico en México se derivan de las bandas que en el pasado reciente controlaron el contrabando. La cosa no es así de simple, el problema se volvió incontrolable y ha adquirido la gravedad que ahora tiene porque aparatos de seguridad del Estado mexicano cobijaron a las mafias y participaron en el gran negocio que representa el tráfico de estupefacientes.
La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue la policía política del viejo régimen, nació durante el gobierno de Miguel Alemán como un grupo de élite encargado, en esa época, de la seguridad personal del presidente de la República. La corporación se especializó más adelante en obtener y procesar la información política, sus agentes infiltraron partidos y organizaciones sociales.
Sergio Aguayo Quezada, experto en asuntos de seguridad nacional, afirma que «la DFS tenía autoridad para investigar asuntos de drogas, pero -afirma el investigador- he ido encontrando evidencias de que algunos de sus jefes se involucraron en el tráfico o lo toleraron». (La Charola. Editorial Grijalbo-Raya en el agua, p. 74.)
Desde los orígenes de la DFS se permitió a sus mandos que se involucraran en hechos delictivos; a fines de 1947 la embajada de Estados Unidos en México reveló en un documento confidencial que el subdirector de la DFS, Manuel Mayoral García, controlaba el tráfico de mariguana en la Ciudad de México, refiere Luis Astorga en su estudio «Crimen organizado y la organización del crimen».
La DFS se encargó en 1968 de coordinar las tareas contra el movimiento estudiantil; el 2 de octubre de 1968, agentes de esa dependencia de la Secretaría de Gobernación, con un pañuelo blanco en la mano como distintivo, dispararon contra la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas y, coordinados con el Estado Mayor Presidencial, agredieron al Ejército. El resultado fue la trágica masacre de Tlatelolco.
La DFS estructuraba y daba cohesión a todos los cuerpos policiacos del país, incluidos los de los gobiernos estatales y municipales; a la Federal de Seguridad se subordinaron todas las policías. La DFS coordinó el combate y exterminio de los guerrilleros urbanos y rurales, formó la tristemente célebre «brigada blanca». La tortura, las detenciones ilegales, el uso de cárceles clandestinas y la desaparición forzada de personas fueron los instrumentos de que se valió la DFS para acabar con quienes se rebelaron contra el sistema.
Miguel Nassar Haro, director de la Federal de Seguridad, resultó implicado en el robo de autos en la frontera México-Estados Unidos. Su hombre de confianza, Rubén Aguilar Guajardo, fue el fundador del cártel de Juárez.
José Antonio Zorrilla Pérez fue otro director de la policía política involucrado en hechos delictivos, agentes a su mando asesinaron el 30 de mayo de 1984 al prestigiado periodista Manuel Buendía, las investigaciones del autor de la columna Red privada habían llegado al descubrimiento de que la DFS estaba involucrada en el tráfico de drogas.
Luego del asesinato de Buendía, en noviembre de 1984 se reveló la existencia de una plantacíón de doce kilómetros cuadrados en Chihuahua, el rancho El Búfalo, en el que se sembraba mariguana a gran escala con modernos sistemas de riego, doce mil trabajadores cultivaban la droga, once mil toneladas del enervante estaban almacenadas y empacadas en grandes bodegas.
Salió a relucir el nombre de Rafael Caro Quintero como responsable del cultivo de esas grandes extensiones, todas las policías decían buscarlo, sin embargo el capo se dio el lujo de mandar a sus hombres a secuestrar, el 7 de febrero de 1985, en las escaleras del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y en el aeropuerto de esa ciudad al piloto Alfredo Zavala Avelar, ambos fueron torturados y ejecutados, sus cadáveres fueron traídos a Michoacán por elementos de las policías Judicial Federal y Judicial de Jalisco, para ser arrojados, el 6 de marzo de 1985, en las inmediaciones del rancho El Mareño. Caro Quintero, pese a que estaba cercado por la presión que hicieron los Estados Unidos, pudo escapar, se identificó con una credencial de agente de la Dirección Federal de Seguridad a nombre de Pedro Sánchez Hernández, huyó a Costa Rica, donde fue aprehendido en abril de 1985.
Caro Quintero formaba parte del cártel de Guadalajara, en el que estaban también Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan Ramón Matta Ballesteros, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salceda Uzeta, Javier Barba Hernández, Rafael Emilio y Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal, Manuel Bravo Cervantes, Juan José Esparragoza, Gilberto Ontiveros y Amado Carrillo Fuentes.
Los capos tenían un acuerdo con la Dirección Federal de Seguridad, varios de cuyos comandantes participaban en el negocio: Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Chao López, Daniel Acuña Figueroa, Felipe Aparicio Núñez y Galo Gutiérrez. El comandante de la V región militar, con sede en la capital jaliscience, Federico Amaya Rodríguez, también era parte de la estructura. (Andrade Bojorges, José Alfredo. La historia secreta del narco. Desde Navolato vengo. Editorial Océano, pp. 61-66).
Además de la protección de la policía política, hubo evidencias de que personajes prominentes de la vida pública se vincularon con las bandas. La fiscalía federal de Los Ángeles, California abrió procesos contra José Antonio Zorrilla Pérez, el general Juan Arévalo Gardoqui (secretario de la Defensa Nacional en el régimen de Miguel de la Madrid), Manuel Ibarra Herrera (ex director de la Policía Judicial Federal) y Miguel Aldana Ibarra (ex director de la Interpol México).
Leopoldo Sánchez Celis, ex gobernador de Sinaloa y funcionario de la administración de Carlos Hank González en el gobierno del Distrito Federal era padrino de Miguel Ángel Félix Gallardo, el gran capo detenido en 1989 cuando con golpes espectaculares Carlos Salinas de Gortari buscó obtener la legitimidad que las urnas le negaron. Otro ex gobernador de Sinaloa y secretario de la Reforma Agraria en la administración de José López Portillo, Antonio Toledo Corro, alentó el cultivo y tráfico de estupefacientes.
El Banco Anáhuac, en cuyo consejo de administración figuraba Federico de la Madrid Cordero, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, fue presa del escándalo en 1997 al descubrirse que la institución crediticia era en realidad propiedad del cártel de Juárez.
Hubo una estrecha amistad entre Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos y Raúl, con el fundador del cártel del Golfo, Juan N. Guerra, personaje que ciertamente controló el contrabando de toda clase de artículos cuando el jefe del clan Salinas fungió como secretario de Industria y Comercio y era ésta la dependencia federal que autorizaba las importaciones.
Amado Carrillo, en algún tiempo también agente de la Dirección Federal de Seguridad, se convirtió en la década de los 90 en el principal introductor de cocaína a los Estados Unidos; usaba aviones de gran capacidad para transportar la droga. Para hacerse del mando asesinó a un ex comandante de la DFS, Rubén Aguilar Guajardo; Carrillo reclutó para su equipo al director del Centro Nacional de Combate a las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo; el también llamado Señor de los Cielos fijó su residencia en Cuernavaca durante el gobierno del general Jorge Carrillo Olea.
El narcotráfico no se hubiera convertido en el grave problema que representa sin la concurrencia y el apoyo de los círculos de poder. No se trató de que las bandas de «fayuqueros», por haber sido toleradas, hubieran rebasado al Estado; se dio la complacencia, el apoyo y el involucramiento de mandos de la policía política en el comercio ilegal de estupefacientes.
Arturo Herrera Cornejo
Más información:
*Los vicios de la antigua DFS renacen en la nueva AFI
*Los narcodólares en la economía mexicana
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